El Operativo Enjambre ha marcado un punto de inflexión en la estrategia de seguridad nacional al convertirse en la carta de presentación de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad. Este despliegue, que prioriza la inteligencia sobre la fuerza bruta, busca atacar directamente los cimientos del crimen organizado al enfocarse en delitos como el secuestro, el homicidio y la extorsión, problemas que afectan de manera directa a la vida cotidiana de las comunidades.
Una Estrategia de Inteligencia y Coordinación
A diferencia de otras redadas, el Operativo Enjambre no se dirige únicamente contra los líderes criminales, sino también contra aquellos que les facilitan operar: funcionarios municipales y autoridades locales. En esta primera fase, que se ejecutó el pasado 22 de noviembre, se cumplimentaron 7 de las 14 órdenes de aprehensión contra autoridades acusadas de colaborar con el crimen organizado.
Entre los detenidos destacan la alcaldesa de Amanalco, su director de seguridad, el subdirector de seguridad de Naucalpan, y el esposo de la alcaldesa de Tonatico, quien ocupaba un cargo honorífico en el DIF. Estas detenciones subrayan la profunda infiltración del crimen organizado en estructuras municipales clave.
Impacto en Municipios Estratégicos
El operativo no se limitó a regiones remotas; también alcanzó municipios estratégicos como Naucalpan, un punto neurálgico en la vida cotidiana de miles de capitalinos. Asimismo, las detenciones en Amanalco podrían tener implicaciones en lugares como Valle de Bravo, un importante destino turístico.
Este enfoque estratégico resalta un mensaje claro: la corrupción en municipios clave está en la mira de las autoridades federales. Sin embargo, como señalaron expertos, el verdadero impacto de este operativo se medirá en las comunidades afectadas por delitos como la extorsión, donde el crimen ha impuesto un régimen de miedo y control.
En una acción coordinada y simultánea, encabezada por la @FiscaliaEdomex y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, @SEDENAmx, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico, a través del CNI y 1,500 elementos desplegados, hasta el momento se han detenido a 7 servidores públicos de… pic.twitter.com/EG8xlGMVNT
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 22, 2024
Un Cambio en la Política de Seguridad
La forma en que se ejecutó y comunicó el Operativo Enjambre marca un cambio en la política de seguridad. No solo se trató de una operación conjunta entre la Federación y el Estado de México, sino que también se le otorgó alta visibilidad mediática. Esto refuerza el compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum de priorizar la coordinación institucional como distintivo de su administración.
El operativo también aprovecha las nuevas facultades otorgadas a la Secretaría de Seguridad tras la reciente reforma al Artículo 21 constitucional, lo que permite replicar este tipo de acciones en otros estados.
El Reto de Ir Más Allá
A pesar de su espectacularidad, los especialistas subrayan la necesidad de que estas detenciones sean sustentadas con pruebas sólidas y resulten en sentencias judiciales. En el pasado, operativos similares como el «Michoacanazo» de 2009 terminaron en fracasos legales, lo que genera escepticismo sobre si esta estrategia marcará un verdadero cambio o solo será un golpe mediático.
Además, el Operativo Enjambre plantea un reto institucional: investigar no solo a los detenidos, sino también a las autoridades municipales que aún no han sido capturadas, así como a los partidos políticos que respaldaron sus candidaturas. Solo así se podrá desmantelar la red de complicidad que sostiene al crimen organizado.